En medio de las clásicas movidas de fin de año en tribunales, se concretará un jugoso remate judicial en contra de los intereses del Estado y a favor del grupo empresarial Zuccolillo, el cual busca recuperar un millonario crédito hipotecario que había dado al tractorista prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.

El pasado 12 diciembre, el juez del 7.° turno en lo Civil y Comercial Édgar Rivas ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, de Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, en perjuicio de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) que tiene a su cargo el inmueble incautado, pese a todos los pedidos que se hicieron para hacer una subasta y pagar al acreedor, que es el banco Atlas de los Zuccolillo.

El magistrado solicitó que, para las publicaciones de este remate, el cual está previsto para el 29 de diciembre de 2023, se incluya que existen medidas cautelares que pesan sobre el inmueble, haciendo saber de esta manera a los posibles compradores que la prohibición de innovar dispuesta por el fuero penal no puede ser levantada. Para ello, se harán cinco publicaciones consecutivas en el diario Abc Color, perteneciente al mismo grupo empresarial.

De acuerdo con la documentación a la que accedió “La caja negra”, la base de venta será el monto del crédito reclamado por el banco Atlas, que asciende a la suma de G. 21.532.116.992 (lo cual al cambio actual da alrededor de USD 3 millones). Inicialmente, la línea de crédito aprobada por la entidad bancaria fue hasta la suma de USD 6.421.857.

Este remate se hará pese a la existencia de medidas cautelares que impiden su venta, pero, aun así, el Juzgado Civil va a realizarlo a solicitud del banco que busca a toda costa recuperar su dinero otorgado llamativamente a un tractorista del poderoso narcotraficante brasileño considerado el barón de la droga.

Es importante resaltar que la Senabico recurrió a todas las instancias legales para evitar el despojo de esta estancia e incluso propuso que se realice una subasta del inmueble y así pagar al banco acreedor; sin embargo, los Zuccolillo insisten con el remate judicial para así poder sacar más ventaja de esta venta.

Actualmente hay una apelación y otra acción de inconstitucionalidad planteadas por la Senabico que están pendientes de resolución y que pueden frenar este atropello a los intereses del Estado paraguayo. Sin embargo, en los pasillos de tribunales ya dan por hecho el despojo que se estaría concretando antes de la feria judicial de 2024.

Con este operativo “din, din, don” en el Poder Judicial, el Estado paraguayo perderá el comiso del bien, cuyo valor aproximado es de 18 millones de dólares, al rematarse por una deuda de 3 millones de dólares que reclama el banco Atlas, tras su turbio negocio con el tractorista testaferro del narco Cabeza Branca y por lo cual la fiscala Lorena Ledesma abrió una investigación en la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público.

En caso de prosperar el remate, el banco Atlas podría adjudicarse un inmueble con un valor mucho más elevado que la pretendida deuda y el Estado paraguayo perdería la posibilidad de poder contar con tan importantes recursos, frustrándose de esta manera la recuperación de activos del crimen organizado y corriéndose el riesgo que sea en el futuro un nuevo mecanismo para que los procesados recuperen sus bienes con deudas simuladas.

Una mujer de 73 años, fue traslada hasta un centro asistencial en grave estado luego de que su propio hijo la golpeara salvajemente hasta casi matarla.

Se trata de Juan Carlos Díaz de 52 años, quien ya fue detenido y posee, según el informe de la Policía Nacional, antecedentes por violencia familiar, por la cual fue beneficiado con prisión domiciliaria, en la casa de su madre, donde se produjo el hecho.

La denuncia policial refiere que Juan Carlos discutió con su madre por motivos desconocidos cuando, en un momento dado, el violento hombre la golpeó, lo que provocó que la mujer cayera al piso golpeándose de nuevo la cabeza. Tras la alerta, su detención se produjo ayer en horas de la siesta en su vivienda, ubicada en la Colonia Thompson de la ciudad de Ypané.

Los agentes comunicaron el caso al Ministerio Público para los procedimientos de rigor.

Este es uno de los focos de debate que se lleva a cabo en el foro virtual de seguridad hemisférica, del que participa el presidente de la República, Santiago Peña.

Traficantes de drogas, armas, lavadores de activos, financiación de agrupaciones terroristas, son algunos de los temas sobre los que ya no bastan acciones locales para evitar el avance de lo ilegal.

El escenario requiere acciones multinacionales, de gobiernos que apuntan a tender redes de cooperación policial-militar entre los países del hemisferio.

Un ejemplo de alta efectividad puesta al tapete en el foro hemisférico, es el que menciona al Comando Tripartito entre Paraguay, Brasil y Argentina, en la región denominada como la Triple Frontera.

Esa zona es considerada como centro de alta operatividad de activistas financieros del terrorismo internacional.

En recientes declaraciones la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, dijo que existen informaciones ciertas de que l-a Triple Frontera registra presencia de operadores del terrorismo internacional. Remarcó que el combate a dichas organizaciones delincuenciales, solo será efectiva mediante la cooperación de los países de la región.

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Agentes de civil llegaron hasta el sitio en dónde se encontraba el sujeto identificado como Matías Aron Vega (22) quien, al igual que su cómplice atrapado ayer, es estudiante del centro de la Armada para conducción de embarcaciones mercantes.

El detenido en Roque Alonso, confesó a la Policía que participo del atraco al cambista. Pero afirmó que la plata que sustrajeron no es en la cantidad que afirma la victima, sino mucho menos. Deslizó, incluso, que el cambista habría sido parte del esquema montado para el arrebato de dinero.

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La versión del detenido instala un elemento controversial para los investigadores, ya que al complicar la situación de la víctima del asalto, lleva la investigación a la apertura de otro frente.

De hecho la plata sustraída, presunto US$ 30.000, pertenece a un capitalista y no al operador de cambios asaltaron. Otra arista de asunto, es que el BCP emitió un recordatorio de la ley que señala que una operación de cambio de monedas, a partir de USD 10.000, obligatoriamente debe ceñirse a un protocolo de registro especial. Si fue el monto denunciado, lo que se sustrajo, la operación es ilegal.

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